Blumar Seafoods recibe certificación de su modelo de prevención de delitos

31 de julio de 2017

Blumar Seafoods recibió la certificación de su Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley N° 20.393).

El proceso de validación del modelo estuvo a cargo de Prelafit Compliance. La certificación fue entregada a Blumar S.A., sociedad anónima abierta, y a sus filiales Salmones Blumar S.A. y Pesquera Bahía Caldera S.A., que forman el grupo Blumar Seafoods por el Presidente Ejecutivo de Prelafit Compliance, quién dirigió personalmente el proceso.

“Con este importante logro, Blumar Seafoods se alinea con las mejores prácticas corporativas que hoy se exigen a nivel local y mundial y, al mismo tiempo, ratifica nuestro compromiso de consolidarnos como una empresa modelo en los sectores pesquero y acuícola, para la que no solamente importa la consecución de resultados, sino que también la manera en que éstos se hacen posibles”, explicó Gerardo Balbontín, Gerente General de la compañía.

“Para lograr este objetivo, desde el año pasado iniciamos un proceso que consideró una fase de levantamiento de riesgos, redefinimos políticas y procedimientos, habilitamos un canal de denuncias, se designó por parte del Directorio un encargado de prevención de delitos, entre otras actividades, que nos permitieron alcanzar con éxito la implementación y certificación de nuestro modelo, lo que nos deja muy conformes”, añadió el Gerente General.

Paralelamente, la empresa realizará un seguimiento interno para asegurar, no solamente la implementación y mantención de su MPD, sino que también su mejoramiento continuo.

Ver comunicado de prensa de Blumar

Foto: Ariel Elgueta, Gerente de Auditoría Interna y EPD de Blumar Seafoods, Víctor Ossa, Presidente Ejecutivo de Prelafit Compílance, Gerardo Balbontín, CEO de Blumar Seafoods y Oscar Ramírez Prelafit Compliance.

Prelafit Compliance en los Medios

Ley 20.393 Responsabilidad Penal Personas Jurídicas

Ley 20393 Responsabilidad Penal Personas Jurídicas

Extracto de Diario Financiero. 26 Agosto 2014

En Chile el desarrollo del compliance se ha enmarcado, en buena medida, en los modelos de prevención de delitos de la Ley 20393 Responsabilidad Penal Personas Jurídicas (Ver Ley)

Ley 20.393 Responsabilidad Penal Personas Jurídicas

Rodrigo Reyes Duarte, director jurídico de Prelafit Compliance, estima que los modelos que buscan evitar  los delitos de cohecho, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero “ya han sido diseñados e implementados en la mayoría de las empresas más importantes”. A diciembre de 2013 (según información divulgada en marzo de 2014), las entidades certificadoras de esquemas de prevención de delitos habían informado 367 modelos certificados. De momento, Prelafit Compliance y BH son las certificadoras más activas, con 105 y 118 modelos cada una, luego ICR, con 63 y Feller Rate, con 54. En la SVS existen 19 empresas inscritas para dicho fin, de las cuales 8 han emitido certificados.

Pero el tema trasciende la responsabilidad penal. Para Dieter Linneberg, director del centro de gobierno corporativo de la U. de Chile, “nunca el clima de negocios había sido tan complejo. En Chile hay un antes y un después del caso La Polar”, indica. Así, esta disciplina “diferenciará a las empresas que crean mayor valor de las que no”.

Chile exhibe una importante brecha en el desarrollo de compliance frente a las naciones desarrolladas. Estas últimas cuentan con esquemas regulatorios más profundos, tendencia que se replicará en nuestro país. El gran foco ahora son el consumidor (dado su empoderamiento), y la libre competencia, en especial dados los planes que tiene la autoridad al respecto.

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Oficial de cumplimiento en las empresas

Rodrigo Reyes Duarte para revista LWYR (2014)*

La ley que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Ley Nº 20.393 del año 2009, y que ha venido aplicándose cada vez con mayor fuerza en materia penal en Chile, ha requerido en la práctica el diseño, implementación y posterior certificación de modelos de prevención de delitos, uno de cuyos elementos es la designación por parte de la máxima autoridad administrativa de la persona jurídica, de un encargado de prevención. Se le denomina a menudo encargado de prevención de delitos (EPD).
Más de 10 años antes, la Ley Nº 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF), contempló que las empresas obligadas, a saber, bancos, otras instituciones financieras y demás empresas que prescribe la ley, designaran un funcionario responsable para relacionarse con la UAF. A este sujeto se le ha llamado oficial de cumplimiento desde incluso antes de esta ley.
La Fiscalía Nacional Económica publica en junio del año 2012 la Guía “Programas de Cumplimiento de la Normativa de Libre Competencia” que, si bien carece de fuerza normativa, pretende que las empresas desarrollen mecanismos internos que busquen prevenir la comisión de infracciones a la normativa de libre competencia. La Guía recomienda la designación de un sujeto encargado, un encargado de prevención.
Por otra parte, los escándalos de corrupción, además de las investigaciones financieras de los últimos años (casos La Polar, Universidades/CNA, Farmacias, Cascadas, etc.) han multiplicado la normativa orientada a garantizar la integridad corporativa, la transparencia, la libre competencia, las relaciones con los consumidores, la protección del medio ambiente y la relación con los reguladores: superintendencias, Fiscalía Nacional Económica, Unidad de Análisis Financiero, Servicio Nacional del Consumidor, por nombrar algunos.
Estas funciones, ya sea de encargado de prevención de delitos, de funcionario responsable de relacionarse con el regulador, de encargado de prevención de la normativa de libre competencia o antitrust, o de encargado de cumplimiento normativo, son ejercidas cada vez más a menudo por un sujeto distinto, especializado y, varias veces, cercano al mundo del derecho y al que se ha llamado oficial de cumplimiento.
Los cargos o funciones de este oficial de cumplimiento o Chief Compliance Officer (CCO) –en empresas internacionales– han empezado a ser ejercidos por abogados, constituyéndose en una nueva alternativa de especialidad profesional, que requiere de destrezas que han comenzado a ser demandadas por el mercado laboral. Se trata de un profesional que tiene como función identificar los riesgos penales y normativos en general, que debe implementar las medidas que los mitiguen y que con frecuencia debe capacitar a los empleados de la organización para que conozcan y apliquen las normas que se han impuesto. Este funcionario deberá reportar periódicamente a la Administración, procurar documentar la evidencia del modelo de prevención y su implementación y resolver, incluso, las consultas de los gerentes, que los llamarán para indagar si están actuando debidamente en una materia determinada.
El oficial de cumplimiento debe tener autoridad en la empresa, de modo que no tenga temor a las represalias por investigaciones o decisiones que adopte. Debe gozar de acceso directo a la Administración, un presupuesto adecuado y un conocimiento amplio y lo más directo posible de todo el negocio, de manera que pueda advertir, con antelación, las conductas que parezcan riesgosas.
El oficial de cumplimiento deberá ser alguien capaz de conjugar un perfil jurídico con otro más financiero. La mayoría, de hecho, llegan a esta posición desde el departamento jurídico o bien desde el área de auditoría y control interno. A ese perfil híbrido, sin embargo, habría que agregar el estudio de las normas que afecten a la empresa en materia penal, ambiental, de libre competencia, de protección al consumidor, y otras que puedan resultar relevantes, y el conocimiento del negocio mismo, que le permita anteponerse a los riesgos y actualizar la matriz de riesgo específica. Si a esto le añadimos todavía una serie de las denominadas habilidades blandas importantes para la función, esto es, formación ética, habilidades sociales y de comunicación, tendremos un oficial de cumplimiento ideal. Y tener un funcionario competente en esta materia puede resultar crucial, especialmente en estos tiempos en que el daño reputacional asociado al incumplimiento puede resultar nefasto en toda empresa.

* Rodrigo Reyes Duarte, Abogado de la Universidad Diego Portales (1996). Magister en Gestión y Planificación Tributaria USACH. Abogado de la División Investigadora de Lavado de Activos del Consejo del Defensa del Estado (CDE) por 9 años (2000 al 2008). Miembro del grupo de expertos en temas de lavado de activos representando al Estado de Chile ante la CICAD OEA. Hoy es abogado litigante del CDE en casos de corrupción pública (casos CNA/Universidades, caso Riggs, entre otros). Además, desde el año 2008 es socio y director jurídico de Prelafit Compliance, empresa que desarrolla consultorías en materia de compliance y líder en materia de certificación de modelos de prevención de delitos (MPD) de la Ley 20.393.

Prelafit Compliance certifica modelos de prevención de delitos de Corredoras de Bolsa de Santiago

Santiago 28 de febrero de 2013.

Prelafit Compliance, consultora líder en compliance, certificó el Modelo de Prevención de Delitos de Ugarte y Cía Corredores de Bolsa S.A., Etchegaray Corredores de Bolsa y Jaime Larraín Corredores de Bolsa

Los procesos de certificación, que comenzaron en noviembre del año 2012, culminaron recientemente con la certificación de los MPD de la Ley 20.393.

Participaron en la ceremonia de entrega del certificado los señores  Rodrigo Reyes Duarte y Victor Ossa Frugone, Director Jurídico y Director Ejecutivo de Prelafit Compliance respectivamente.

Elementos básicos del programa de compliance

Elementos básicos del programa de compliance

El Mercurio Legal

Director Jurídico Prelafit Compliance

Director Jurídico Prelafit Compliance

Rodrigo Reyes Duarte, Director Jurídico de Prelafit Compliance

Cuando se busca minimizar los riesgos de las empresas por conductas sancionables en sistemas normativos complejos, se torna necesaria la implementación de sistemas de control preventivo o programas de cumplimiento o compliance.

¿Cuáles elementos deben ser considerados por un abogado, un auditor, contralor u otro profesional al momento de elaborar un programa de compliance o un modelo de prevención de delitos?. Sin duda no se trata sólo del tamaño de la empresa, sino también el tipo de empresa de que se trate y sus riesgos específicos, de ahí el valor de elaborar una matriz de riesgos penales específica. La Ley 20.393, de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, prescribe que el modelo de prevención de delitos guardará relación con la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica.

Veamos algunas orientaciones. Lo primero es desconfiar siempre de los modelos o programas tipo. El modelo efectivo es sólo el que fue diseñado cuidadosamente, implementado de manera seria y dedicada y aplicado de manera racional. Sólo así será un modelo eficaz a la hora de prevenir, detectar y remediar conductas asociadas a la corrupción y fraudes al interior de la compañía.

En general las legislaciones comparadas no han establecido rasgos básicos de los modelos de compliance. El modelo español por ejemplo (Ley 5/2010) sólo indica que el sistema debe contar con “medidas eficaces para prevenir y descubrir” los delitos que pudieran ser cometidos con los “medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. En Chile, en cambio, la Ley 20.393 contempló el denominado modelo de prevención de delitos con características especiales que la propia ley describe, aunque no es obligatorio su aplicación permitirá suponer que se han cumplido los deberes de dirección y supervisión, evitando así la responsabilidad penal de la empresa por delitos cometidos por sus ejecutivos.

Los códigos de conducta en los negocios o códigos de ética han sido considerados la primera piedra en la construcción de un sistema de compliance, pero se necesitará algo más que este código.

Elementos básicos del programa compliance

Una guía que elaboró hace poco el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Valores (SEC) ambas de Estados Unidos, menciona algunos elementos de interés que nos pueden ser de utilidad:

1) Compromiso de la alta administración con una política anticorrupción clara. Nada mejor que los aires limpios vengan desde arriba y se extiendan a toda la empresa. Es la cultura de compliance que debe ser reflejada de manera escrupulosa, transmitida sin ambigüedades por la alta administración y diseminada a través de toda la organización.

Apreciamos a menudo que, en diversas empresas esta cultura de integridad corporativa se ha transformado en la mejor herramienta de control. Cada sujeto que trabaja en la organización, o tiene relación con ella conoce que existen valores intrínsecos y permanentemente explicitados en la empresa que son irrenunciables.

2) Código de conducta, políticas y procedimientos de compliance. En Chile se habla de sistema o modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) que puede incluir alguno de estos aspectos.

Lo importante, dice la autoridad norteamericana, es que existan documentos escritos, traducidos al lenguaje local, claros, concisos y accesibles a todos los empleados e incluso terceros que actúan por la compañía. Estos documentos deben ser revisados periódicamente y actualizados. Las políticas y procedimientos deben detallar responsabilidades, controles internos, prácticas de auditoria y sanciones

acordes con la situación, tamaño, giro, nivel de ingresos y complejidad de la persona jurídica y en especial acerca de los riesgos asociados al negocio, el modelo de negocio, productos y servicios, terceros, clientes, vínculos con entidades gubernamentales, riesgos del sector específico y geográficos.

3) Supervisión, autonomía y recursos. Las empresas deben asignar uno o más responsables de la supervisión e implementación del programa de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento o encargado de prevención debe tener autonomía, ascendencia y acceso a la alta administración, sin perjuicio que pueda ser trabajador de la propia empresa. No hay problema con externalizar esta función y de hecho muchas empresas prefieren hacerlo para lograr una mayor independencia, en especial en las investigaciones que se desarrollen como consecuencia de las denuncias.

4) Gestión de riesgos. Es el verdadero corazón de todo sistema de cumplimiento, ya que una evaluación correcta del riesgo permitirá concentrar los esfuerzos de manera racional y delinear los controles. Frecuentemente oímos la queja de ejecutivos o gerentes medios que señalan destinar una cantidad de tiempo desproporcionada supervisando modestas atenciones y regalos, en lugar de enfocarse en grandes licitaciones, pagos cuestionables a terceros consultores, o descuentos excesivos a clientes y proveedores.

Por otra parte la elaboración de controles requiere identificación previa de los riesgos penales. Si vamos de vacaciones al Amazonas debemos ponernos las vacunas correspondientes. Una adecuada identificación de los riesgos permitirá entonces elaborar un catálogo idóneo de controles para mitigarlos.

5) Capacitación, asesoría permanente y certificación. Para garantizar el efectivo cumplimiento del modelo, sus políticas y procedimientos, deben ser transmitidos debidamente a toda la empresa. Esto incluye capacitaciones y certificaciones cuando existan.

La autoridad norteamericana señala que dependiendo del tamaño de la compañía, deberá evaluarse la posibilidad de instaurar una forma de asesoría continúa en esta materia.

En este punto y en lo que se refiere a Chile podemos aprovechar de comentar que sólo el año pasado certificaron sus modelos de prevención de delitos más de 100 empresas, según informa la SVS en su página web.

6) Sanciones e incentivos. La organización debe contar con sanciones justas y adecuadas para casos de incumplimiento. El comportamiento ético y el cumplimiento del sistema de compliance debería ser parte de las políticas de incentivos de la empresa bien representada en los bonos anuales de desempeño o en promociones a los trabajadores.

7) Due diligence de clientes, proveedores y otros terceros. ¿Un abogado que representa a la empresa en un juicio y que soborna a un funcionario judicial? Sin duda los terceros pueden cometer actos de corrupción en beneficio de la empresa o en su nombre. La forma de relación, el conocimiento del tercero, sus antecedentes, son relevantes en el momento de realizar auditorías a los mismos. Por lo mismo, es recomendable contar con contratos en los que el servicio y los pagos se encuentren claramente descritos y que el tercero tenga acceso al modelo de prevención o programa de cumplimiento de la empresa que representa.

8) Sistema de denuncias. La organización debe proveer para los trabajadores y terceros de mecanismos de denuncia anónima y sin represalias (canal de denuncia, ombudsman) y contar con un procedimiento serio y confiable de investigación interna.

9) Mejora continua. Los cambios en el negocio, en el entorno, en las normas que lo regulan y los posibles vacíos exigen un revisión constante y periódica.

En efecto, para minimizar los riesgos de la empresa necesitamos un modelo de compliance adecuado con una función permanente de vigilancia de las exigencias legales y que cumpla en lo posible con las mejores prácticas que hemos venido esbozando, pero sin duda también resultará fundamental el principio cada vez más extendido que la cultura empresarial basada en valores es la clave final del éxito empresarial.

Tottus certifica su modelo de prevención de delitos Ley 20.393

Santiago, 18 de marzo de 2013.

certificacion-totusHipermercados Tottus S.A. certificó su modelo de prevención de delitos (MPD) diseñado para evitar que se cometan en su interior ilícitos como el lavado de dinero, el cohecho y el financiamiento del terrorismo.

La empresa sometió dicho modelo a un proceso de validación externo que estuvo a cargo de la consultora Prelafit Compliance, reconocida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Victor Ossa, Director de Prelafit Compliance, señaló que “las compañías que desarrollan estos mecanismos deben generar buenas prácticas en el control y supervisión de sus actividades, para evitar la aparición de este tipo de ilícitos que debilitan al sistema financiero y aumentan la corrupción”.

Prelafit Compliance se consolida como líder en certificación de modelos de prevención de delitos de la Ley 20.393

Santiago, 11 de junio de 2013

La consultora especializada en compliance corporativo Prelafit Compliance se consolida como una de las certificadoras líderes del mercado chileno en temas de integridad corporativa,  certificación de modelos de prevención de delitos (MPD) de la Ley 20.393.

Prelafit Compliance certificó el MPD del primer banco de capitales chilenos en el año 2011, Banco Falabella, una de las 3 empresas  certificadas ese año. El año 2012 la certificadora informó a la Superintendencia de Valores y Seguros que realizó 29 procesos exitosos.

Entre las empresas certificadas destacan la minera BHP Billiton; las empresas del Retail Falabella, Sodimac, Mall Plaza, Tottus; del sector público Correos de Chile; del área construcción la constructora e inmobiliaria SalfaCorp y Aconcagua; y distintas corredoras de bolsa en el área financiera.

Revisa la nota enviada por Prelafit Compliance a la SVS:

http://www.svs.gob.cl/documentos/pueag/eccer/ece_2013040039850.pdf

Prelafit Compliance certifica modelo de prevención de delitos de Correos de Chile

8 de Marzo de 2013

correos-de-chilePrelafit Compliance concluyó el proceso de certificación de la empresa Correos Chile haciendo entrega del certificado a la empresa.

De este modo la empresa Correos Chile se convirtió en una de las primeras empresa públicas que certifica su modelo de prevención de delitos de la Ley Nº20.393

Victor Ossa, ex director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Presidente Ejecutivo de Prelafit Compliance señaló que “el equipo de Correos de Chile realizó un exhaustivo diagnóstico de riesgos que le permitió diseñar los controles que minimizarán el riesgo de la comisión de estos delitos”.

Junto con ello destacó la realización de esta certificación y la importancia de la opinión experta del equipo de Prelafit Compliance.

El proceso de certificación concluyó durante diciembre del año 2012.

En la foto Victor Ossa  hace entrega del certificado a Pablo Montané, gerente general de Correos Chile.

Prelafit Compliance certifica modelo de prevención de delitos de SalfaCorp

SANTIAGO.- SalfaCorp, empresa líder en el negocio de ingeniería, construcción e inmobiliario en Chile y presente en Perú, Panamá y Colombia, acaba de certificar su Modelo de Prevención de Delitos de la Ley 20.393, que garantiza que la compañía cuenta con altos estándares de cumplimiento en esta materia.

“Es parte de nuestra filosofía cuidar nuestro trabajo, respetarlo y velar por un desarrollo corporativo en donde prime la transparencia” señaló el presidente del directorio de SalfaCorp, Alberto Etchegaray A.

“SalfaCorp cuenta con un modelo de integridad corporativa que combina sólidos valores con un set de procedimientos que minimiza el riesgo del desarrollo de malas prácticas” señaló Victor Ossa F., presidente ejecutivo de Prelafit Compliance, empresa certificadora.